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Si un banco lava dinero del narco, ¿es corresponsable de sus crímenes?

Newsweek en español

19 de mayo de 2017

Un colectivo ciudadano cree que sí. Que el hecho de formar parte del sistema de blanqueo de dinero proveniente del narco dota de recursos financieros a las estructuras criminales para asesinar y desaparecer civiles. Ante ello emprendió en Holanda una maniobra legal sin precedentes: demandar al gigante Rabobank por un caso de desaparición ocurrido en la sierra de Durango.

Por: Paula Mónaco Felipe

EL HOMBRE manejaba por caminos de la sierra. Un camión, una camioneta, lo que le encargaran. Era carpintero hasta que el dinero no le alcanzó para mantener a sus hijas. “No le quedó de otra más que emplearse como chofer para bajar droga de la sierra —dice su sobrino Fernando Hernández—. Entró en el cártel en precarias condiciones, como todo el mundo lo ha hecho por allá”.

Se refiere al Triángulo Dorado, el territorio entre Sinaloa, Durango y Chihuahua donde se siembran miles de hectáreas de marihuana y amapola. Allí dice que manda el Cártel de Sinaloa y por eso pide resguardar las identidades de sus parientes y de su tío, a quien llamamos simplemente el “Hombre”.

Cuenta que fue por el año 2000 cuando el Hombre comenzó como chofer de la organización de Sinaloa, donde le tocó coordinar junto con civiles y uniformados por igual: “La policía trabaja con el cártel y maneja un código que los empleados del cártel dicen cuando tienen algún problema para no ser detenidos”, explica.

Pero algo falló y el Hombre fue a dar a la cárcel en 2003. Estuvo preso durante siete años, sin poder salir del negocio: “Trabajaba con el cártel desde dentro. En la cárcel todo el mundo lo hace de una o de otra forma”.

Salió en libertad y, diez meses después, “el patrón lo mandó a trabajar a la sierra”. Aquel día, recuerda la esposa del Hombre, “lo esperaban una camioneta de la policía estatal y otros de la oficina”, es decir, “un grupo específico encargado de desaparecer personas”.

El 16 de diciembre de 2010 hablaron con él por última vez. Desde entonces nada certero han sabido de su persona, aunque la familia sospecha que “lo desaparecieron cuando quiso salirse. Fue desaparecido porque había manifestado su intención de salir del cártel”.

Con y sin el Hombre, los camiones y camionetas de la organización siguen recorriendo carreteras. Algunos para bajar estupefacientes, otros para trasladar dinero.

LA RUTA FINANCIERA

En 2016, desde Holanda, donde vive y estudia, Fernando Hernández leyó una noticia que lo puso a pensar: según reportes de prensa, en Caléxico, ciudad estadounidense fronteriza con Mexicali, una pequeña sucursal del banco holandés Rabobank recibía montañas de dólares en efectivo cada día.

Al menos 153 millones de dólares en billetes ingresaron en esas oficinas entre 2008 y 2013, coincidentemente en el periodo en que el Hombre fue desaparecido. Los depósitos en efectivo aumentaron 39 por ciento; las bodegas resultaban chicas y los empleados pedían “una o más camionetas” por semana para transportar cajas y más cajas de dólares.

Rabobank cerró la sucursal en enero de 2015, cuando la justicia estadounidense comenzó a investigar un presunto caso de lavado de dinero al Cártel de Sinaloa. “Quien lava dinero al narcotráfico, es responsable de lo que hace el narcotráfico”, presumieron entonces Fernando y sus compañeros de la organización SMX Collective (www.smxcollective.org), un grupo de ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades que residen en Holanda. En él se aglutinan académicos, artistas y profesionistas interesados en derechos humanos que decidieron constituirse desde 2015 en asociación civil. Como tal, realizan investigaciones, campañas informativas y asesoramiento legal a quien lo necesite, y desde Europa buscan promover la justicia en esta parte del mundo: “Ver democracia real, justicia social y dignidad humana en México”, resumen. El colectivo presume entonces que “quien lava dinero al narcotráfico es responsable de lo que hace el narcotráfico”.

Para fundamentar tal hipótesis, SMX Collective decidió pedir explicaciones inéditas al poderoso Rabobank, no solo por el acto de presunto lavado de dinero, sino también por su probable responsabilidad en el destino del Hombre, que desapareció en la sierra de Durango en 2010.

El 2 de febrero del año en curso presentaron una demanda ante la Fiscalía Nacional de Holanda (Ijdok 163, 1013 MM, Ámsterdam), porque en aquel país la justicia reconoce a cualquier víctima o familiar de víctima el derecho a pedir explicaciones por toda acción de empresas holandesas en cualquier lugar del mundo. Así lo disponen los artículos 420 bis, 420 ter, 420 quarter y 140 del Código Penal holandés, pero, además, explica Fernando Hernández, “el artículo 51 estipula responsabilidades civiles a personas jurídicas” y el Grupo Rabobank “no puso controles adecuados y vigilancia respecto de transacciones sospechosas”.

Hernández y SMX Collective proponen una nueva interpretación del actual derecho positivo (o vigente): exigen no separar el lavado de dinero respecto de los crímenes que lo preceden y suceden; es decir, elevarlo al nivel de que constituya una violación a los derechos humanos.

“El crimen organizado es parte de la ecuación de crímenes de lesa humanidad en México, nos parece natural vincular el aspecto económico con la crisis de derechos humanos —explica Hernández, quien firma la querella—. Estamos demandando que se siente precedente de que el lavado de dinero no es un crimen sin víctimas”.

Su demanda contra Rabobank, al igual que otra denuncia presentada en 2016 en contra de HSBC por familiares de estadounidenses desaparecidos por cárteles mexicanos, abren un debate pendiente: ¿quién es responsable de la sangre, el que jala el gatillo o el que lava su dinero?

De acuerdo con el SMX Collective, “quien lava dinero al narcotráfico es responsable de lo que hace el narcotráfico”. FOTO: ESPECIAL.

MÁS ALLÁ DE LAS ARMAS

“El planteo me parece excepcional”, dice al respecto Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana y autor de varios libros, entre ellos, Lavado de dinero y corrupción política (Random House, 2015).

“Si al capo de una organización criminal no se le pide que esté presente en el acto de homicidio que comete su organización para ser sancionado por eso, si para él basta con que lidere la organización para ser considerado autor material, lo mismo se tiene que aplicar a los bancos”, dice. “Como se persigue al empleado de ventanilla, se tiene que perseguir al gerente, y si la sucursal recibe órdenes de la casa matriz, se deben fincar sanciones penales a los más altos directivos del banco como personas físicas, además de disolver el banco”.

Una mirada menos optimista sobre el caso tiene el sociólogo Raúl Benítez Manaut, maestro en economía política y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Advierte que “la familia que demanda tiene un reclamo moral, pero lo cierto es que no tiene cabida dentro de lo que establece el derecho positivo, es decir, las leyes vigentes. Es muy difícil probar acusaciones como esa porque un cártel no es una persona, no es una figura jurídica, y si quieres acusar a cualquier miembro tienes que demostrar que cometió un crimen”.

Ximena Medellín, abogada y experta en derecho internacional, considera “interesante la idea de no perseguir únicamente el lavado de dinero, sino además señalar que esa conducta, de por sí ilícita, también habilita la comisión de otros delitos al fortalecer a cárteles para que tengan un control territorial, compren armas y vayan en contra de civiles.

“Es cierto que hay un brinco jurídico difícil de comprobar. La responsabilidad en materia civil siempre está vinculada con actos propios; son excepcionales las figuras que puedan hacer cumplir por actos no propios. Pero es importante avanzar en una lógica que destaque la relación que tienen diversos actores con la crisis humana en México: porque no vivimos solo una crisis de seguridad, también una crisis humana. Hay que encontrar figuras legales para poner a las personas nuevamente en el centro de la discusión”.

El caso que presume la vinculación de Rabobank con el Cártel de Sinaloa abre un debate que va más allá de la situación mexicana. Pone a discusión el alcance real de la legislación vigente, un paquete de tratados, acuerdos y reglamentación internacional desarrollado en años recientes.

“Estamos todavía en una etapa muy verde de la evolución legal —apunta Buscaglia—. Los criterios que usan los jueces para aplicar leyes vigentes todavía no llegan a lo que deseamos: fincar responsabilidades a bancos como personas jurídicas y a directivos y gerentes como personas físicas”.

Benítez Manaut opina que no existe gran desarrollo normativo: “El andamiaje de las convenciones internacionales se pelea con las leyes de países y se agrega la dificultad del secreto bancario, entonces las leyes resultan muy frágiles. Debe profundizarse la legislación”.

Sin embargo, en su opinión, “es correcto que al lavado se le considere delito fiscal porque los bancos no lavan, solo reciben dinero y cobran por tenerlo, son intermediarios. En derecho positivo no hay vínculo entre quien lava dinero y los que cometen delitos violentos previos o posteriores. Hoy la esposa del Chapo Guzmán está viviendo en Nueva York en un hotel de lujo, paga 300 dólares por noche, hace sus gastos y tiene una cuenta bastante abultada en el banco, pero no puede ser castigada aunque todos sepamos que el dinero le llega por su marido”.

Ximena Medellín también reconoce las trabas legales. “Actualmente una cosa es la responsabilidad frente al delito de lavado de dinero y, otra, la responsabilidad frente al otro delito, aunque una no excluya a la otra”.

Sin embargo, Medellín ve una ventana de oportunidad en el presente mexicano: “En el Código Penal Federal hay una figura que se llama delitos emergentes, y otras figuras que nos podrían permitir vías interesantes para aproximarnos a estos casos. Requieren nuevas lecturas, es un reto”.

Opina que este caso nos empuja a reflexionar: “Tenemos una lógica circular en el problema de violencia y lavado: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo diría que la violencia no siempre es origen del lavado, el lavado también puede generar violencia”.

Extradición de Joaquín Guzmán a Estados Unidos. Se trata de uno de los narcotraficantes que más dinero han lavado en todo el mundo. FOTO: AFP.

JUSTICIA Y NO DINERO

Los integrantes de SMX Collective, incluido Hernández, sobrino del Hombre, pensaron mucho dónde fincar su demanda. México no les pareció opción por su elevado índice de impunidad, tampoco quisieron llevar esta causa a Estados Unidos, “porque la ley estadounidense contempla el lavado como crimen financiero que se puede resolver con negociación y no podemos permitir que eso pase. Es un crimen financiero, pero también contra la sociedad, tiene víctimas”.

Ellos rechazan todo acuerdo monetario, sea multa a la entidad financiera como indemnización a la familia. “No demandamos reparación económica, no la queremos. Esto no se trata de dinero”, subraya Hernández para no dejar lugar a dudas.

Al estar tipificado en el mundo como delito financiero, el blanqueo de capitales ha sido penado hasta ahora con sanciones administrativas. Multas millonarias que, sin embargo, parecen golpear poco las finanzas de un negocio que mueve cerca de 400,000 millones de dólares por año en el mundo, según estimaciones de la OCDE.

Buscaglia dice que, de la década de 1990 al presente, en general “de lavado a través de Estados Unidos, han existido algunas sanciones, pero en ningún caso que yo conozca han sido suficientemente severas. Afectan una brevísima porción de flujos anuales de los bancos, no llegan al 2 por ciento y por lo tanto no representan ni cosquillas a sus finanzas”.

Benítez Manaut considera “coherente que se apliquen multas económicas porque el lavado de dinero no constituye un peligro para la sociedad: el que lava no está matando”. Pero admite que, “ciertamente, el andamiaje legal actual (limitado a asignar multas) puede garantizar la impunidad”.

Una impunidad que, en opinión de Ximena Medellín, resulta terreno fértil para engrandecer la espiral de violencia y crímenes: “En las leyes vigentes se tutela la estabilidad del sistema financiero, no la vida e integridad de las personas. Si quieres proteger el sistema y eliminar o disuadir la mayor ventaja que tiene el lavado, es lógico que la sanción sea económica porque vas directo a la finalidad del lavado que es el lucro.

Pero si el lavado facilitó o habilitó la comisión de un crimen como desaparición, ejecución, tortura o violación sexual contra una persona, delitos que además tienen víctimas directas e indirectas, se necesita un ejercicio que ponga en el centro del procedimiento a la víctima y busque una reparación más integral”.

Los demandantes en contra de Rabobank no quieren multas ni indemnización, sino condena judicial ejemplar. Eligieron llevar el proceso en Holanda porque ese país presume tener un historial de respeto a los derechos humanos. Allá los patrocina el abogado Göran Sluiter, del despacho Prakken d’Oliveira, especializado en derechos humanos y justicia internacional, quien ha logrado fallos como aquel que en 2002 declaró persona non grata a Jorge Zorreguieta, exfuncionario de la dictadura militar argentina (1976-1983). Así, Zorreguieta no pudo asistir a la boda de su hija Máxima, entonces princesa y ahora reina consorte de Holanda.

Contra todo pronóstico, el caso Rabobank parece avanzar en tribunales. La justicia holandesa envió a Hernández y al SMX Collective una notificación alentadora: el expediente fue girado a la dependencia especializada en lavado de dinero, pero también, “dado el componente de derechos humanos en su demanda, hemos enviado la declaración a la Oficina Nacional”, dice textual el documento que abre la puerta de oportunidad en la difícil pelea legal.

La insólita batalla apenas comienza.

Al igual que ahora con Rabobank, en 2016 el banco HSBC fue demandado por familiares de estadounidenses desaparecidos por cárteles mexicanos. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

* * *

En un presente con más de 150,000 asesinados y 26,000 desaparecidos durante una década, según datos oficiales, ¿quiénes son responsables de la violencia desatada? ¿Qué tanta culpa tienen los bancos?

“En el caso Rabobank parece haber negligencia clara del banco, que no adoptó medidas necesarias para alertar. Si llegaban maletas con dinero, ¿quién no se daría cuenta? En algún grado, el banco tiene intención, conoce, sabe que se está lavando dinero y participa activamente o es negligente”, responde Ximena Medellín.

Raúl Benítez Manaut difiere: “No son los dueños del dinero, son intermediarios y jurídicamente no tienen obligación de conocer de dónde viene el dinero. En derecho positivo no hay obligación jurídica para el banco, colaboran, pero no mucho más allá de sus intereses porque no son almas de caridad, su interés es recibir dinero y cobrar por guardarlo”.

Buscaglia asegura que a los bancos no se les sanciona fuerte “porque tienen un rol muy importante en el financiamiento de campañas electorales en casi todos los países de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. Es una hipótesis no corroborada, pero bastante razonable”. Además, dice que “los bancos son una puerta giratoria donde funcionarios de alto nivel van a parar a bancos y viceversa, como ha ocurrido en Inglaterra. Hay un conflicto de interés latente entre el sistema bancario y el sistema político, ello explica por qué las medidas que se toman en contra de los bancos son tan débiles”. Yendo más al fondo todavía: “La globalización tiene un lado muy oscuro que es la delincuencia organizada y los bancos son sus principales actores”.

En la actualidad, en México, puntualiza Benítez Manaut, “los controles de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) son muy frágiles, muy limitados en la enunciación de la ley y la aplicación. El Chapo Guzmán compró en Sinaloa una camioneta de cientos de miles de pesos; otra persona la compró para él y pagó en cash, pero todavía no se le ha enjuiciado a ese otro. Aquí casi no se judicializan casos: con la Ley Antilavado, entre diciembre de 2012 y julio de 2015, según datos de la SHCP y la PGR, se presentaron 193 denuncias y se llegó apenas a 42 sentencias. Es decir, se ha comprobado la culpabilidad en apenas 2 por ciento de los pocos investigados, es de risa”.

Decomiso de montañas de dinero y armamento al Cártel de Sinaloa, responsable de la muerte de cientos de personas. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO

El ínfimo avance responde a una lógica de impunidad impulsada desde altas esferas internacionales, según Buscaglia: “Los gobiernos de Estados Unidos y Europa forman parte del problema. En los últimos veinte años se ha corroborado que Estados Unidos es el centro mundial de integración de este tipo de dinero. A través de documentos se sabe que concentra el 18 y el 20 por ciento de todo el lavado mundial: se origine en Nigeria, Rusia o México, el dinero termina integrándose a la economía legal de Estados Unidos. Vivimos una impunidad mafiosa en la cual Estados Unidos es parte del problema y no la solución”.

Compleja y poderosa es la urdimbre de organizaciones criminales del presente, ¿existe manera de desarticularla? ¿Se logrará algún día?

Para Buscaglia, se requiere “atacar desde todos los costados: con sanciones civiles, penales y administrativas; con extinción de dominio y auditorías tributarias, por ejemplo. Hay que aplicar el mismo vigor y las mismas acciones penales que se aplican a casos de financiamiento del terrorismo internacional porque es gemelo de la delincuencia organizada, van de la mano”.

Benítez Manaut rechaza tal estrategia: “No se puede encarcelar a las personas solo por pertenecer a un cártel, hay que comprobar la comisión de un delito y tener presente que la justicia preventiva acarrea un riesgo de violación a los derechos humanos. Ejemplo es lo que ocurre en España, donde el solo hecho de ser miembro de ETA puede llevarte a la cárcel sin que se te compruebe delito. Las leyes antiterroristas son violatorias a los derechos humanos y la justicia preventiva es riesgosa”.

Opina que hay una solución más efectiva y garantista en el sistema económico nacional: “En economías con menos informalidad es más fácil dar seguimiento al dinero. En México, la economía informal representa 40 por ciento del producto interno bruto, según datos de Hacienda. ¿Cuánto de eso puede ser porcentaje de dinero criminal? ¿Un 10 por ciento? Suficiente para que nadie se dé cuenta. El lavado de dinero es una de las partes más frágiles del presente”.

Ximena Medellín cree que las empresas bancarias deberían hacer “un ejercicio de responsabilidad para entender cómo afectan a sus cuentahabientes y a núcleos más amplios de población”, pero también que deberían cambiar las leyes: “Necesitamos llegar a otro tipo de sanciones, que los países reconozcan la posibilidad de establecer responsabilidad penal a personas morales y a la institución financiera misma, a quien no puedes mandar a la cárcel, pero sí eliminar su existencia jurídica”.

¿Es bueno —o necesario— vincular dinero con violencia? “A futuro —dice Benítez Manaut—, puede que los gobiernos busquen conexión entre actividad violenta y dinero. Creo que quieren hacerlo, falta que puedan”.

Vivimos tiempos de relaciones complejas entre narcotraficantes, criminales y partes del Estado. “Estamos viendo apenas las sombras de la caverna, utilizando a Platón —refiere Ximena Medellín—. Todavía no tenemos una visión para entender cómo operan las redes, pero lo peor que podemos hacer es no intentar. Tenemos que pensar y recurrir a otros modelos jurídicos para reconstruir una historia compleja y asimilar cómo hemos sido tan indiferentes a procesos de violencia. Todos tenemos una corresponsabilidad”.

 

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Comentarios

Un comentario en “Si un banco lava dinero del narco, ¿es corresponsable de sus crímenes?

  1. La nota excelente…denuncia .y ayuda dimensionar las patas del negocio y sus resposabilidades

    Publicado por alicia rodriguez | 24 mayo, 2017, 6:47 am

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