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“Un agujero negro” llamado Ayotzinapa

Newsweek en español

México, 6 de mayo de 2016

Horas antes de dejar el país, tres integrantes del GIEI hablaron con Newsweek en Español sobre las conclusiones de su visita en un país donde varios sectores siempre los vieron como “una piedra en el zapato”. En entrevista, subrayan que el destino final de los 43 semeja un hoyo negro, pues sigue sin conocerse la verdad sobre su paradero y por ello insisten en que es nodal llevar adelante las líneas de investigación donde ya se ha comenzado a dar pasos clave.

Paula Mónaco Felipe

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, derrumbó la “verdad histórica” y, en respuesta, el Estado mexicano lo obligó a salir del país.

Los expertos, sin embargo, lograron sacar a la luz múltiples irregularidades que no sólo involucran al ejército y a la policía federal sino también a la Procuraduría General de la República (PGR) y, en particular, a Tomás Zerón de Lucio. El director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hoy es señalado de haber manipulado la escena del caso Ayotzinapa, razón por la cual Morena y el PRD promueven renuncie a su cargo para ser investigado por obstruir la justicia. Así, unen lanzas a la exigencia de los padres de las víctimas, diversas ONGs y organismos internacionales que exigen atender los planteamientos del GIEI.

La misión internacional enviada por la CIDH permaneció en México durante 14 meses. La suya, fue la primera experiencia de este tipo en regímenes democráticos. Delegaciones similares se habían mandado a otros países sólo en tiempos de dictaduras.

Carlos Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Alejandro Valencia y Claudia Paz y Paz se sumergieron en miles de páginas de un expediente disperso en muchos juzgados que integra 150 averiguaciones previas.

Realizaron entrevistas y recorrieron zonas de peligro hasta desmoronar la versión oficial sobre el caso Ayotzinapa y el complejo entramado de crimen y corrupción que existió detrás de los ataques contra estudiantes normalistas. Develaron el presunto móvil, una red de trasiego de heroína Guerrero-Chicago que involucra a gobernantes e instituciones; y también graves irregularidades en una investigación con muchas preguntas sin responder.

“¡No se vayan!”, les pidieron los familiares de los normalistas desaparecidos, mientras el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto apresuró su salida. Unas horas antes de dejar el país, el grupo que en los hechos se transformó en un fiscal incómodo para las instituciones nacionales, habló con Newsweek en Español sobre las conclusiones de su visita, sobre el México que vieron de cerca.

—¿Por qué se retiran?

—Alejandro Valencia (AV): La definición de nuestro mandato depende de la CIDH y esa institución lamentó que el Estado mexicano no quisiera seguir el trabajo. Hemos tenido obstáculos y tropiezos que lo prueban: funcionarios del gobierno tanto en medios de comunicación como a nosotros directamente nos dijeron ‘señores, ustedes terminan el 30 de abril’.

—Claudia Paz y Paz (CPP): Se cerraron los espacios. Necesitábamos de la colaboración del Estado para avanzar en la investigación. Necesitábamos de la voluntad de la PGR para realizar las diligencias de investigación y hubo un mensaje claro, no había condiciones para que pudiéramos seguir haciendo el trabajo en México.

—¿Fue el Estado mexicano quien decidió terminar la colaboración?

—AV: Sí, el Estado le manifestó a la CIDH que no quería que continuáramos.

—Carlos Beristáin (CB): Las víctimas querían una prórroga a nuestro trabajo y la CIDH estaba dispuesta pero fue una decisión de México. El Estado dijo que aquí terminaba nuestro mandato. Vimos sectores más abiertos a encontrar la verdad y sectores que no han querido que se cuestione la llamada versión histórica de los hechos.

—Queda la sensación de que su trabajo molestó, ¿lo sintieron así?

—AV: Creo que fuimos para algunos sectores como una piedra en el zapato. Había gente a la que no le gustaba lo que estábamos haciendo, pero si uno viene a hacer una investigación y formalmente le abren todas las puertas, ¡uno tiene que entrar por todas esas puertas para mirar y revisar!

—¿A quiénes molestaron sus investigaciones?

—AV: Al sector de defensa, al sector de seguridad. Nos vamos con esa impresión de que no quisieron que tuviéramos acceso a los militares.

—El único actor al que no les permitieron acceder fue el Ejército, ¿Son intocables los militares en México?

—AV: Sí, definitivamente. Nos llegaron a decir ‘señores no insistan, no van a obtener información, no les van a dar información, no se puede decir’. Comparábamos con la actitud de otros ejércitos en América Latina, que no tienen miedo de interlocutar con la sociedad civil o con organismos internacionales. Aquí se ve un mutismo absoluto.

—CB: Pedimos entrevistas directas como a otros testigos, como hicimos con la Policía Federal. Se nos dijo que tenía que ser a través de la PGR y más tarde que no podía por vía de ellos. Después que éramos extranjeros y no podíamos participar. Luego nos pidieron un cuestionario cerrado y, sin decirnos nada, la PGR tomó declaración a 11 miembros del 27 Batallón de Infantería, más dos que se presentaron sin avisarnos tampoco. Todo eso muestra una cerrazón frente a la posibilidad de investigación de esos hechos. Hay información muy importante y ha habido falta de acceso, veto

—¿Ahí topó su investigación?

—AV: Absolutamente. En ese plano no pudimos indagar nada más, sólo tenemos lo que aparece en el expediente de la PGR, versiones que ellos dieron y son muy pobres. Se ve que no hubo interrogatorio preparado, no se nota siquiera qué preguntó PGR.

Alejandro Valencia es consultor independiente

de organismos como la ONU y la CIDH. Foto:Newsweek en Español.

Militares del 27 batallón de Infantería con sede en Iguala estuvieron presentes en varias escenas del crimen durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Documentos oficiales muestran que hubo agentes de inteligencia militar registrando y reportando las acciones en tiempo real. Un soldado atestiguó y documentó el ataque que concluyó con la desaparición de unos 20 jóvenes frente al Palacio de Justicia; regresó más tarde a ese lugar y después asistió a la comisaría local acompañado por dos vehículos militares. Además, testigos mencionan la circulación por la colonia 24 de febrero, donde se refugiaban estudiantes, de un camión del Ejército que no aparece en bitácoras oficiales.

A casi 600 días de los hechos, sigue sin aclararse la participación del Ejército pero muchos detalles han salido a la luz debido al trabajo del GIEI, que se resume en dos informes de acceso público con un total de 1033 páginas.

Por medio de sus gestiones y peritajes se comprobó que es científicamente imposible la versión oficial de supuesto asesinato e incineración de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula. Derrumbaron la llamada “verdad histórica” y les cobraron la cuenta: a fines del 2015 toparon con un muro burocrático y la decisión política de no dejarles ir más allá. En sus últimas horas en el país, evidenciaron la presunta “siembra” de pruebas por parte del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y el gobierno les retiró todo respaldo, ausente incluso durante su informe final.

“Hemos llegado hasta donde hemos podido, hasta donde nos dejaron”, resumieron a los familiares de las víctimas durante la despedida.

—¿Qué fue lo más difícil durante su trabajo aquí?

—AV: Obtener información y hacerlo con rapidez, que se pudieran practicar todas las diligencias. Fue muy fuerte el tropiezo con la burocracia, con el formalismo y la demora. Este es un país muy grande, un Estado con mucho personal y recursos; uno ve dependencias que son monstruos en número de personal pero a la hora de la verdad la eficacia es poca. Un estado sofisticado pero poco ágil.

—¿Por ejemplo?

—CPP: En el primer mandato pedimos entrevistar a los privados de libertad por este caso. En el segundo mandato volvimos a solicitarlo y aunque no se nos negó, nunca se programó hasta que fue imposible el cumplimiento.

—AV: Desde que llegamos al país mostramos el interés por entrevistar también a los miembros del 27 Batallón de Iguala porque estuvieron presentes en los hechos y toda esa información se nos negó, nunca pudimos acceder a ella. Otro (obstáculo) fue la lentitud de la PGR en tramitar muchas de nuestras solicitudes como el pedido de información a la fiscalía de Chicago porque allá estaban haciendo una investigación sobre el grupo delincuencial Guerreros Unidos y habían interceptado comunicaciones telefónicas del 26 y 27 de septiembre de 2014.

—CPP: Esa fue una de las solicitudes que hicimos y no fueron diligenciadas oportunamente. La pedimos en el mes de agosto de 2015, la reiteramos en noviembre y no se envió hasta el mes de marzo. Fue uno de los retrasos importantes.

—¿PGR retrasó el pedido?

—AV: Sí. Que esta dependencia no es…que la otra…que la solicitud se hizo mal…que hay que traducirla…que no hemos acabado de traducirla.’. Es decir, disculpas burocráticas.

—Hay más de 100 detenidos, ¿encontraron entre ellos a algún posible autor intelectual?

—AV: No. Gildardo López Astudillo, alias el cabo Gil, es una persona importante en los hechos pero no quiso dar información la única vez que lo pudimos entrevistar. El señor José Luis Abarca (alcalde de Iguala) está involucrado pero no es una participación determinante. La autoría intelectual es una asignatura pendiente y nos llama la atención que en el sistema penal mexicano son muy limitadas las investigaciones que se pueden hacer de mandos medios o altos, tanto en agencias policiales como militares y entidades civiles del Estado.

Claudia Paz y Paz fue la primera mujer en ocupar la fiscalía general en Guatemala.

Foto: Newsweek en Español.

—En informes y conferencias han revelado que la investigación oficial contiene numerosas irregularidades como destrucción de pruebas, presunta falsificación de declaraciones y reemplazo de una prueba del tamaño de un autobús, cuando dicen les cambiaran el llamado “quinto autobús” por otro vehículo que ni siquiera estuvo en la escena del crimen. ¿Qué es lo peor que han visto en esta investigación?

—CPP: En los últimos días, lo que más me ha sorprendido es la normalización de algo que debería ser intolerable en un estado de derecho. Cuando decimos que hay 17 procesados que presentan evidencias serias de que sufrieron torturas; cuando decimos que una alta autoridad que se presentó a la escena del crimen un día antes (Tomás Zerón) y que de eso no quedó registro adecuado en el expediente, muchas personas nos responden ‘así pasa aquí, así es’. ¿Debería ser así?

—AV: Hay bastantes irregularidades que constituyen ilegalidades. Nos preocupa el tema de las torturas, una práctica bastante frecuente en México que pareciera se usa como método de investigación. También nos preocupan falsedades en la documentación, es delicado, constituye ilícitos; y las filtraciones a los medios de comunicación con el propósito de generar confusión y reforzar algunas tesis porque muchas filtraciones iban dirigidas a sostener la versión de la incineración en el basurero de Cocula.

—Ese cúmulo de irregularidades e ilícitos, ¿muestra que prima el desorden o que la irregularidad es ley aquí?

—AV: Creo que este tipo de cosas son más planeadas y pensadas de lo que uno cree. No creo que se hayan dado de manera espontánea sino que obedecen a intereses de ciertas personas.

—CPP: Cuando las irregularidades se repiten de forma muy frecuente en determinadas áreas de investigación, se supone que hay algo más que irregularidades, hay algo más que negligencia. No hemos querido hacer una calificación sino mostrar en la práctica las dificultades porque deben ser investigadas.

—¿Cómo observaron el trato del Estado mexicano hacia las víctimas?

—CPP: Hemos señalado una práctica sumamente dañina: los familiares se enteran de aspectos fundamentales en relación al caso por los medios de comunicación. Es algo pernicioso para fortalecer una relación de confianza que es necesaria no sólo para el avance de la investigación sino también para que las víctimas se sientan tratadas como ciudadanas y ciudadanos.

—AV: Ha sido difícil que los funcionarios entiendan que una víctima de desaparición siente dolor, rabia y mucha impotencia. Vimos actitudes muy formales hacia ellas, pareciera que el tema de la persona es secundario. Les dijimos ‘señor funcionario, no debe ser todo procedimiento, por favor, ahí hay un ser humano que ha sentido dolor, téngalo en cuenta, trátelo bien’.

—¿Encontraron un trato poco humano?

—Sí, a veces poco humano. Al funcionario mexicano le falta bastante en conocer y saber tratar a víctimas.

Carlos Beristáin, es español, es médico y doctor en psicología. Desde hace 25 años trabaja en atención a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, con experiencia en Guatemala, Perú, Ecuador, Paraguay y México, entre otros países del mundo.

Ángela Buitrago, abogada colombiana, es experta en derecho penal y criminología. Fue fiscal delegada ante la Suprema Corte de Justicia de su país entre 2005 y 2010.

Francisco Cox, abogado nacido en Chile, tiene amplia experiencia en derechos humanos. Ha sido litigante ante organismos internacionales y asesor de la CIDH.

Claudia Paz y Paz fue la primera mujer en ocupar la fiscalía General de su país, Guatemala. La mujer que llevó a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, responsable del genocidio de miles de indígenas.

Alejandro Valencia, es abogado, consultor independiente de organismos como Naciones Unidas y CIDH, además de profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional. Ejerce en Colombia y Estados Unidos pero ha trabajado también en Ecuador, Paraguay, Guatemala y Perú. Ellos son el equipo de expertos que logra el retrato más acabado del envilecimiento del Estado mexicano.

—Ustedes han trabajado en casos polémicos y difíciles en varios países, ¿habían enfrentado alguna campaña de desprestigio como la que les montaron aquí?

—AV: Sabemos que hay gente a la que no le gusta nuestro trabajo y a veces nos ganamos enemigos gratuitos pero nunca como esto que pasó aquí. En otros países vimos reacciones espontáneas de rechazo pero lo de aquí fue mucho más craneado. Es la primera vez que vemos algo más articulado, más preparado, como esta campaña de difamación.

—Les acusaron de malversar fondos, gastar más de dos millones de dólares y ganar mucho dinero con el caso.

—AV: A los recursos nos los dio el Estado y estamos totalmente tranquilos. Hicimos un trabajo a conciencia, transparente y estamos dispuestos a que revisen a profundidad, no van a encontrar ninguna actuación dolosa ni siquiera de mala fe por parte de nosotros. Además, por ley de transparencia están dispuestas todas las cuentas, todas las finanzas.

—¿Qué diferencias hay entre lo que pensaban encontrar en el país y lo que finalmente vieron?

—AV: Tenemos experiencia en este tipo de trabajos, hemos cooperado con otros estados de América Latina, y sabíamos que el reto era difícil por ser un caso de desaparición forzada que es un área donde siempre hay muchas barreras de impunidad, de silencio. En la medida que el grupo fue creado por el Estado, invitado por el Estado y nuestros nombres avalados por el Estado, creíamos que las cosas no iban a ser tan difíciles, que el trabajo iba a fluir más, pero hubo tropiezos.

—¿Qué encontraron en México y qué opinan de su sistema de procuración de justicia?

—CB: Encontramos un fenómeno de violencia compleja, diferente a la de otros países en términos de la relación entre el Estado y el narcotráfico en muchos lugares. Por ello se necesita trabajar no solamente sobre casos con análisis de contexto y metodologías más amplias. Llama mucho la atención que México tiene todavía un sistema de investigación inquisitivo, burocrático, formalista, lejano del sistema acusatorio que es ágil, confrontativo, y trabaja sobre la evidencia. El sistema mexicano se basa mucho en la declaración del inculpado, en la confesión, y menos en las pruebas. Así encontramos dentro del expediente mucha información que no había sido contrastada como una llamada telefónica de uno de los muchachos, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, a las 1:16 de la madrugada. Un mensaje de dos vías a su madre para que le recargara crédito cuando la versión oficial señala que los teléfonos de los muchachos fueron quemados a las 12 de la noche en Cocula, a una hora de la ciudad de Iguala, en un sitio donde no hay cobertura (telefónica). Había una versión muy consolidada —verdad histórica— a través de pruebas que no eran suficientes y tenían poco contraste de información mientras se habían desechado líneas de investigación importantes.

—AV: Vimos un sistema de procuración paquidérmico, es decir muy lento. Burocrático y formalista donde predomina la prueba testimonial, la confesión, y no la objetiva. También observamos un derecho penal de excepción que existe en el país, que es el de la “delincuencia organizada”. Nos vamos muy preocupados.

—¿Cuál es la realidad de México?

—AV: Nos preocupa que el país está pasando por una situación delicada, con repetidas violaciones a derechos humanos. Estando aquí nos dimos cuenta que había desapariciones forzadas de manera frecuente, casi en semanas, como que ocurrió en Veracruz (en meses recientes); además la tortura, por ejemplo las filtraciones de un video de policías torturando a una mujer. Nos dimos cuenta de que no estábamos ante casos aislados o esporádicos.

—Aquí se han registrado más de 26 mil desapariciones en 9 años, ¿qué significa?

—AV: Es muy grave. En el primer informe hicimos un sondeo de la desaparición en el estado de Guerrero y preocupa que en muchos casos están implicados agentes del Estado o particulares que actúan con apoyo y aquiescencia (lo cual constituye desaparición forzada, delito de lesa humanidad). Pero hay un número muy alto de víctimas, prácticamente a lo largo y ancho del país, en muchas regiones. México en estos momentos estaría presentando las cifras más altas del continente.

—Y en el caso Ayotzinapa, ¿qué resta por hacer?

—AV: El caso queda totalmente abierto. A los muchachos hay que seguirlos buscando, siguen estando desaparecidos, no sabemos si están vivos o muertos entonces toda la búsqueda debe continuar. Quedan muchas líneas de investigación, prácticamente hay toda una paleta por desarrollar, y también resta la atención a víctimas y la atención de los heridos.

—¿Qué tan lejos —o cerca— está la verdad?

—CB: No es una cuestión cuantitativa pero claro que quedan muchas cosas por hacer. Hay líneas de investigación en las cuales apenas se han empezado a dar pasos clave, quedan bastantes por dar.

—CPP: Depende de la voluntad del Estado. Si el Estado tiene voluntad, la investigación y la búsqueda van a avanzar.

—AV: Uf…La verdad en este caso está como bien esquiva, bien esquiva. Hemos logrado saber cosas que pasaron, hemos logrado también determinar cosas que no pasaron pero sí hay todavía un agujero negro y grande que tiene que ver con el destino final de los normalistas. Y esa es la verdad verdadera: está pendiente.

 

Liga a la nota:

http://nwnoticias.com/#!/noticias/un-agujero-negro-llamado-ayotzinapa

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